La Comisión Nacional para la Elección Primaria encargada de organizar una consulta nacional para elegir al nuevo líder de la oposición venezolana, de cara a los comicios presidenciales de 2024, ha puesto fecha para el próximo 22 de octubre. Los candidatos se postularán entre mayo y junio y se buscará la forma de que los venezolanos que están en exterior puedan participar en la votación.
La oposición atraviesa una grave crisis por las divisiones que hay entre los diferentes partidos, más profundas desde la desaparición del gobierno interino de Juan Guaidó a finales de año. La elección de un nuevo liderazgo es urgente porque será quien se enfrente a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
La fecha se venía barajando desde hace meses pero aún no se había alcanzado un consenso. El acto de este miércoles, organizado en el Anfiteatro El Hatillo, en las afueras de la ciudad, contó con la presencia de parte de la plana dirigente opositora que sigue en el país – además de algunos precandidatos y el Secretario Ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza- miembros del cuerpo diplomático, académicos y activistas de la sociedad civil democrática nacional.
Aunque inicialmente se había planificado la consulta para el mes de junio, se retrasó para ofrecer seguridad en la organización del evento. Durante algunas semanas se había rumoreado con la posibilidad de nombrar un candidato consensuado, pero serán las primarias las que decidan. El constitucionalista Jesús María Casal, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente de la Comisión, afirmó que “la suerte está echada”. “Avanzaremos con resolución al objetivo trazado, junto a los ciudadanos que quieren un cambio político”, dijo.
El académico reconoció algunos retardos en la gestión de la operación y prometió total independencia de los intereses partidistas y las presiones políticas. La misión de la Comisión, agregó, “es conducir la elección de un candidato unitario, de tal modo que generemos una legitimidad reforzada.” Casal detalló que del 28 de febrero al 19 de marzo se hará la Juramentación de las Juntas Electorales Regionales; el 21 de abril se hará la invitación a los observadores; del 24 de mayo al 23 de junio se postularán los candidatos y la campaña electoral será del 22 de agosto al 20 de octubre.
“A partir de este momento, la primaria requiere de mucha más cooperación de todos. Con este anuncio colocamos el proceso en manos de la gente”, añadió. Además, se asumió el compromiso de organizar un reglamento para hacer posible el voto de la diáspora venezolana.
El jurista informó que se ha discutido la organización de una comisión técnica conjunta con el Consejo Nacional Electoral –en cuya directiva de cinco miembros tiene mayoría el chavismo, con tres-, afirmando que defenderán la exigencia de utilizar los centros de votación para las primarias y que se organicen jornadas especiales del Registro Electoral.
Se desconoce si el CNE que controla el chavismo tiene algún interés en auxiliar a la oposición en sus comicios, como ha ocurrido en el pasado. Pero en caso de no poder trabajar con el CNE “y de que no sea posible disponer de los centros de votación”, se organizarán unas elecciones completamente autogestionadas. Los dirigentes políticos inhabilitados por la Contraloría General de la República del régimen chavista, informó Casal, podrán postularse, “por ser estas medidas arbitrariamente impuestas”.
Partidos como Vente Venezuela –cuya líder, María Corina Machado, se presentará a los comicios-, de línea política intransigente, habitualmente crítica con los procedimientos de la oposición, anunció que darían un voto de confianza a la organización de la consulta ciudadana. En algunos partidos participantes persisten las diferencias sobre el voto automatizado o manual, la depuración del Registro Electoral y la colaboración con el CNE, aspectos peliagudos y potencialmente polémicos sobre los cuales no se han tomado todas las decisiones.
En los corrillos políticos locales se da por descontado que la legalidad chavista podría en cualquier momento tomar decisiones para impedir que algunos candidatos participen, o para vetar legalmente a un candidato electo, como ya ha ocurrido en el pasado. Sobre estos temas ha habido prolongadas discusiones internas en la oposición, aún sin resoluciones públicas.
Vía//El País
