El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU, dio inicio a un caso de investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro sobre las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, y se exigió que se conserven las actas de escrutinio del CNE, según un grupo de abogados denunciantes, este martes 3 de diciembre.
Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a EFE que el Comité les notificó que fue abierto su caso y se han dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.
Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EEUU), que denunciaron en octubre ante el mencionado Comité: fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha “solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales” incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación” mientras investiga.
Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.
En su denuncia “se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos, cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025”.
Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EEUU, y que denunció una privación del voto que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.
Los abogados expusieron en su denuncia, la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalaron un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.
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