La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), aprobó este martes una reforma de la legislación que regula el servicio eléctrico, con la que se abre la participación de empresas privadas en la generación, importación y comercialización de energía, mientras el Estado mantiene su responsabilidad sobre el suministro público.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que la normativa también contempla un nuevo esquema de tarifas indexadas a monedas de mayor valor, acompañado de subsidios para los usuarios de menores ingresos.
La reforma, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue sometida a un proceso de consultas con potenciales prestadores del servicio, trabajadores del sector eléctrico y usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Empresas privadas podrán generar, importar y vender electricidad
Rodríguez señaló que uno de los principales objetivos de la legislación es ampliar la oferta de energía mediante la incorporación de operadores privados, particularmente para atender las necesidades de grandes consumidores, como industrias, empresas y centros comerciales.
«Va a permitir la incorporación de la prestación privada del servicio, es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla, a cambio de una tarifa establecida, a empresas, industrias y centros comerciales», explicó.
El parlamentario precisó que los inversionistas también podrán instalar plantas de generación e importar electricidad desde países vecinos para comercializarla en Venezuela, bajo las condiciones establecidas en la legislación.
Según Rodríguez, este mecanismo contribuirá a incrementar la disponibilidad de electricidad y permitirá que el Estado concentre mayores esfuerzos en mejorar el suministro residencial, especialmente en las regiones occidentales del país.
Tarifas indexadas y subsidios para usuarios de bajos ingresos
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la incorporación de un esquema tarifario que contempla precios indexados a monedas de mayor valor, aunque con mecanismos de subsidio destinados a los consumidores que no puedan asumir el costo completo del servicio.
«Las tarifas van a estar indexadas a las monedas de mayor valor, pero también con un régimen de subsidio, sobre todo para aquellas personas que, por razones de su nivel de ingreso, no puedan pagar una tarifa plena», afirmó Rodríguez.
El presidente de la Asamblea Nacional indicó que la existencia de tarifas subsidiadas quedó contemplada en la legislación, pero aclaró que su aplicación dependerá del reglamento que se desarrolle posteriormente.
En ese sentido, diferenció la situación de los consumidores residenciales de menores ingresos de la de los grandes usuarios industriales y comerciales, que, según explicó, cuentan con mayor capacidad para pagar tarifas plenas.
Hasta ahora no se han especificado los nuevos montos, las monedas de referencia para la indexación ni los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a los subsidios.
Creación de una superintendencia y régimen de sanciones
La legislación también contempla la creación de una superintendencia especializada que tendrá competencias sobre la prestación del servicio, la autogeneración, las tarifas y la supervisión de los operadores privados.
Rodríguez explicó que el nuevo organismo deberá garantizar que las actividades de las empresas no afecten el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional ni comprometan la infraestructura pública de distribución.
Asimismo, la reforma establece un régimen sancionatorio para los prestadores que incumplan sus obligaciones, afecten la red eléctrica o incurran en ofertas comerciales engañosas.
La normativa también incorpora garantías para las empresas privadas interesadas en participar en el sector, cuyos alcances específicos deberán conocerse con la publicación del texto definitivo.
Jorge Rodríguez descarta la privatización del sistema eléctrico
El presidente de la Asamblea Nacional insistió en que la reforma no implica transferir el sistema eléctrico público a manos privadas, sino ampliar las modalidades de prestación del servicio.
«En modo alguno es una privatización, es una ampliación de la prestación del servicio de energía eléctrica», aseguró.
Rodríguez recordó que la Electricidad de Caracas fue adquirida por el Estado en 2007 mediante una operación comercial con sus propietarios estadounidenses, en cuyas negociaciones participó cuando ejercía como vicepresidente de la República.
«No fue una nacionalización, fue una compra», sostuvo, al defender aquella decisión y señalar que considera necesaria la actual apertura a la participación privada.
El parlamentario reiteró que el Estado continuará obligado a garantizar el suministro eléctrico a la población, independientemente de la incorporación de nuevos operadores.
Vía// AlbertoNews
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