ONG exigen acceso a información sobre detenidos tras las elecciones

Las redes de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y Civicus, que agrupan a cientos de activistas y ONG en todo el mundo, exigieron al Estado venezolano acceso a la información de las personas detenidas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, contabilizadas en más de 2.000, de acuerdo con cifras del propio Gobierno.

La Alianza Regional, conformada por 17 organizaciones, y Civicus, conformada por más de 17000 miembros en alrededor de 175 países, enviaron una carta al Gobierno de Nicolás Maduro con esta petición, a propósito de que este 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Acceso a la Información.

“Es urgente que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y que garanticen que todas las personas detenidas vean respetado su derecho a un juicio justo, lo que incluye el acceso regular de los familiares y defensa privada a información sobre la situación legal, física, psicológica y emocional de las personas detenidas”, pidieron en el documento.

Por garantías al espacio cívico

En la misiva, que se remitió a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio de Servicio Penitenciario, estas coaliciones recordaron que a la mayoría de los detenidos tras los comicios los aprehendieron por ejercer su derecho a la protesta pacífica y, a muchos de ellos, se les prohibió una defensa legal de confianza.

Además, la carta recoge hallazgos de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que revelan que algunos de los detenidos en los últimos dos meses fueron, presuntamente, expuestos a malos tratos, torturas y violencia sexual.

“Las redes de organizaciones exigen el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y represión contra personas manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y personas defensoras de derechos humanos”, expresa la carta.

En el escrito, pidieron también al Gobierno de Maduro “consolidar efectivas garantías al espacio cívico”, lo que implica el acceso a la información, a juicios justos para los detenidos y a las garantías que lleven a un debido proceso.

Para seguir leyendo con información de Crónica Uno

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