Más de 130 organizaciones venezolanas e internacionales exigieron justicia tras la detención arbitraria e irregular de 33 hombres gays y bisexuales en un sauna del estado Carabobo.
En un comunicado que se publicó este miércoles 2 de agosto, las organizaciones señalaron que tras el caso hay un “escalamiento de la política de homofobia del Estado y de algunos medios de comunicación contra las personas Lgbtiq+”.
La detención de estos 33 hombres adultos, el pasado 23 de julio, superó las 48 horas en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana de Los Guayos, en cuyo lapso no se les permitió tener contacto con sus familiares y abogados.
La noche del miércoles 26 de julio, la jueza Marialba Villarreal admitió la imputación del Ministerio Público con los delitos “ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica”. En esa fecha liberó solo a 30 de los 33 hombres con el régimen de presentación cada 30 días, en el lapso de 6 meses para efectuar el juicio y otorgar libertad plena.
“Destacamos que un grupo de personas adultas mayores de edad con el consentimiento de las partes que se reúnan en un lugar privado de manera privada con fines lícitos, de expansión e incluso sexuales, donde no se evidencie el ofrecimiento de material grabado de forma pública y a la venta, no constituye delito alguno, por lo tanto no se considera ultraje al pudor ni tampoco agavillamiento”, señala el documento.
Patrón de criminalización
Las organizaciones alertaron que las detenciones arbitrarias e irregulares y la judicialización de los 33 hombres en Carabobo fueron motivadas por la orientación sexual y se pudieran convertir en un patrón criminalizador de la población Lgbtiq+, hecho que contradice lo establecido en la Constitución y los acuerdos y tratados sobre derechos humanos suscritos por la Nación en el sistema internacional de derechos humanos.
Señalaron que la constante persecución contra la comunidad Lgbtiq+ también es un hecho de persecución contra toda la sociedad porque significa un importante retroceso de las libertades en Venezuela.
“En Venezuela los medios tienen responsabilidad en no fomentar la discriminación por vivir con VIH, tal como lo señalan los artículos 1, 3, 7, 8, 9 y 13 de la Ley para la promoción y protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus familiares”, reiteran.
Las exigencias
Las más de 130 organizaciones expresaron su solidaridad con los 33 hombres detenidos y realizaron las siguientes exigencias al Estado:
▶️Garantizar la protección, integridad física y psicológica y el otorgamiento de libertad plena a los 33 hombres gays/bisexuales detenidos, así como el sobreseimiento a la causa penal, investigación al fiscal y juez de la causa e investigación contra funcionarios policiales involucrados en este caso.
▶️Cumplir con el artículo 332 de la Constitución que establece que los cuerpos de seguridad ciudadana deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación.
▶️Cese a la homofobia de Estado, a la criminalización, hostigamiento y extorsión a personas Lgbtiq+ de Venezuela.
▶️Solicitaron a todas las agencias y órganos de las Naciones Unidas y organismos competentes activen los mecanismos de protección y seguridad a las personas Lgbtiq+ en el país.
▶️Respaldaron el pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas sobre el caso de los 33 detenidos, donde exhortan a sus miembros a “observar el Código de Ética del Periodista” que considera como “mala praxis profesional el sensacionalismo, el trato indigno, la violación del derecho al honor, entre otros”, además que “replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los DDHH. Un periodista ético evita emitir opinión ni prejuzgar los hechos que reporta”.
MN// Con información de Efecto Cocuyo
