Documentos societarios y registros mercantiles analizados en España apuntan a la existencia de una estructura empresarial en la que figuran varias compañías vinculadas a operadores cercanos al entorno de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Según una investigación periodística citada por El Español, parte de estas sociedades habrían realizado movimientos financieros que terminaron conectados con entidades relacionadas con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
De acuerdo con dicha investigación, cinco empresas habrían efectuado transferencias a la sociedad española Softgestor SL, la cual posteriormente habría realizado pagos a Análisis Relevante SL, una consultora mencionada en pesquisas previas sobre redes empresariales vinculadas a entornos políticos. Las compañías señaladas incluyen Grupo Multiobras MM 77 SL, Sinoven Cargo CA, Bautista Managements LLC, Apamate Corporate Services SL y Mar de Kara 17 SL.
Los registros revisados indicarían que estas empresas mantuvieron distintos tipos de vínculos comerciales o societarios dentro de una estructura más amplia aún bajo análisis por investigadores en España. El objetivo de las pesquisas sería determinar el origen de los fondos, el propósito de las operaciones y el grado de conexión entre las distintas sociedades involucradas.
El informe también menciona al banquero venezolano Francisco Flores Suárez y al operador Alberto Parra Delgado como posibles figuras relevantes dentro del entramado societario investigado, aunque estos señalamientos forman parte de la documentación analizada y no implican conclusiones judiciales.
En paralelo, la investigación periodística incorpora referencias a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y a su presidente, Jorge Andrés Giménez Ochoa, quien aparece vinculado a la sociedad española FVF Operaciones Globales SL, cuyo socio único sería la propia federación. En esta empresa también figuran otros administradores y apoderados, según los registros mercantiles citados.
El medio señala además que algunas de estas sociedades compartirían domicilios o conexiones administrativas con otras empresas incluidas en la investigación, lo que habría llevado a los analistas a estudiar posibles relaciones entre distintas estructuras corporativas vinculadas a actividades comerciales entre España y Venezuela.
Por el momento, las investigaciones continúan abiertas y no existen resoluciones judiciales que confirmen responsabilidades penales. Las autoridades y periodistas implicados en el caso buscan esclarecer el flujo de fondos, la finalidad de las operaciones y el papel de cada una de las empresas dentro del entramado analizado.
Vía// Versión Final

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