María visita desde hace cuatro años a su hermano quien se encuentra detenido injustamente en el Centro de Formación para los Hombres Nuevos “Nelson Mandela” del municipio Maturín.
Llena de tristeza ve pasar los días en los que su hermano está lejos de sus pequeños hijos y no recibe respuesta satisfactoria de las autoridades que llevan el caso.
Así es la situación que actualmente viven los familiares de Luis Eduardo Villarroel, Carlos Alejandro Pérez, César Belfort, Daniel Aguilera, Victor Faria, Francisco José Marcano, Enrique Naurix y José Ramon Cruz Marcano, quienes fueron acusados injustamente de traición a la patria y organización de cuerpos armados.
Los familiares exigieron al presidente Nicolás Maduro, al Fiscal General Tarek William Saab, al diputado Diosdado Cabello y al líder de la mesa de negociación Jorge Rodríguez la liberación de sus seres queridos quienes fueron acusados de intentar secuestrar al diputado Diosdado Cabello y entregarlo al departamento de justicia de los Estados Unidos.
“Pedimos al fiscal general de la nación Tarek William Saab que nos ayude. Queremos que el caso sea revisado de manera inmediata, ya que hay irregularidades, entre ellas la suspensión de 2 juicios, uno con 23 audiencias y otro con 42 audiencias efectivas, sin ningún tipo de explicación más que la rotación de jueces en el primer debate y la destitución de la 2da Jueza en el 2do debate, tampoco se han respetado sus derechos humanos establecido en la Constitución y el Código Penal”, expresó una de las afectadas, quien prefirió no identificarse por temor a represalias
Asimismo, pidieron a las autoridades correspondientes realizar la investigación y el diálogo correspondiente con agentes de los Estado Unidos para conocer si existe realmente algún nexo o vínculo con ellos, en vista de las aparentes buenas relaciones entre la administración de Joe Biden y Nicolás Maduro.
También han Manifestado, que desde la Interrupción del 2do Juicio el 8 de Septiembre, Han Introducido Escritos ante el Tribunal, para solicitar se cumpla el Artículo 317 del COPP, y sea Grabado de extremo a extremo el juicio oral y público, y se ha sido negada la solicitud en reiteradas oportunidades porque la DEM no cuenta con los equipos para cumplir dicho artículo. Todas estas solicitudes las ha hecho la defensa, pues al solicitar copias certificadas de ambos debates, carecían de nombramientos de abogados, declaraciones de testigos del Ministerio Público, actuantes, expertos y testigos de la defensa, todo eso fue eliminado de las actas de debate porque favorecían a los acusados.
Los familiares cuentan con todas las pruebas de estás irregularidades, y denuncian como aberración jurídica, que el Fiscal Superior del año 2020 que avaló este caso falso positivo, hoy día sea el presidente del Circuito Judicial dónde se lleva ésta gran simulación de hechos punibles.
Vía//Nota de prensa
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