El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la sentencia 1160 de la Sala Constitucional, declaró procedente una acción de amparo introducida por Henry Parra, quien a partir de ahora será el encargado de dirigir la supuesta reestructuración del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Como se recordará, Parra denunció presuntos hechos de exclusión y corrupción en la conducción del partido.
Acción que fue denunciada a su vez por la dirección del PCV. Cuando advirtieron que un “Grupo de mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV se prepara para solicitar -en las próximas horas- al Tribunal Supremo de Justicia, la ilegal intervención del Partido Comunista de Venezuela”.
Se quedan sin tarjeta
Con la designación de esta otra junta ad hoc se trata reemplazará a los representantes del PCV escogidos en elecciones en noviembre de 2022.
La sentencia indica que la junta organizará los “procesos democráticos internos que garanticen los derechos de participación política de los asociados”, esto implica que serán los autorizados para utilizar la tarjeta del gallo rojo.
Hace un mes Parra en nombre de las bases del partido introdujo el amparo. Con la sentencia queda Parra en la presidencia de la organización, junto a Sixto Rodríguez como secretario general y Griseldys Herrera como secretaria,
Mientras que Carlos Figueroa queda como secretario de administración y finanzas, Zoilo Aristegui como secretario de ideología, Joahan Coraspe como secretario de agitación y propaganda, y Robinson García como secretario por el trabajador agrario y campesino.
Arde el PCV
Por su parte, la directiva elegida en 2022 denunció ante el pueblo venezolano, los partidos comunistas, obreros y las fuerzas genuinamente antiimperialistas del mundo, el asalto contra el PCV.
“El Gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el PSUV”, indica a través de sus redes sociales.
Alegan que los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia incurrieron en un error inexcusable de derecho al admitir y decidir un recurso de amparo, promovido de manera extemporánea por un grupo de ciudadanos que no militan en nuestras filas.
