La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 3 de noviembre, en primera discusión y por mayoría calificada, el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, durante una sesión ordinaria en la que la bancada opositora negó su respaldo a la propuesta legislativa.
La decisión representa el primer paso del proceso parlamentario para modificar este instrumento legal, aprobado originalmente en 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente y cuestionado durante años por organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores políticos de oposición.
Al finalizar la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la aprobación por mayoría calificada y ordenó remitir el proyecto a la comisión encabezada por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, para iniciar un proceso de consulta pública.
“Mayoría calificada evidente. Queda aprobado en primera discusión el proyecto de ley”, anunció Rodríguez desde la presidencia del Legislativo.
Seguidamente, solicitó que la propuesta fuera sometida a un amplio proceso de participación ciudadana, con el propósito de recoger distintas opiniones sobre las modificaciones planteadas.
“Sírvase entregar a la comisión que preside el primer vicepresidente Pedro Infante el proyecto, a los efectos de que se dé la consulta más amplia posible, que se escuche a todas y a todos, a las víctimas y a los victimarios”, expresó.
Rodríguez insistió en que el debate debe extenderse a todo el territorio nacional y permitir la participación de distintos sectores de la sociedad venezolana.
“Por favor, ciudadano vicepresidente, remueva cada rincón de nuestra amada patria para que cada venezolana y cada venezolano pueda opinar sobre este proyecto de ley”, manifestó antes de continuar con el siguiente punto del orden del día.
La Ley contra el Odio, vigente desde 2017, contempla sanciones para determinadas conductas consideradas de incitación al odio. Sin embargo, su aplicación ha generado cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que advierten sobre su posible utilización para restringir la libertad de expresión y sancionar opiniones críticas al Gobierno.
Con la aprobación en primera discusión, el proyecto deberá avanzar hacia una fase de consultas y posteriormente regresar al Parlamento para su segunda discusión, en la que los diputados podrán debatir las disposiciones de la reforma antes de una eventual aprobación definitiva.
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Periodista monaguense
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