Buena parte de los dirigentes de oposición que figuran en las encuestas de opinión con mejor aceptación para las primarias se encuentran inhabilitados por la Contraloría General de la República para ejercer funciones públicas. Según politólogos y abogados, este Poder Ciudadano ha utilizado las inhabilitaciones administrativas como práctica recurrente desde el año 2000 para sacar del terreno político a aspirantes que gozan de popularidad o que le pueden hacer contrapeso al Gobierno en una contienda electoral.
A pesar de esto, la Comisión Nacional de Primarias ha anunciado que cualquier dirigente de oposición esté o no inhabilitado puede participar en las elecciones internas del 22 de octubre de 2023, como una estrategia para presionar al oficialismo si logran un candidato unitario que sea legitimado con los votos de la población. Pero analistas aseguran que el camino puede ser peligroso y lleno de encrucijadas si antes la oposición no logra un acuerdo mínimo de negociación con el Gobierno, que consista en levantar todas estas sanciones para las presidenciales 2024.
El miércoles 01 de marzo, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se refirió en el canal Venezolana de Televisión (VTV) a Henrique Capriles Radonski, que el sábado 25 de febrero fue elegido por consenso en la Junta Directiva Nacional de Primero Justicia como el candidato de esta organización para las primarias. El número dos del chavismo recordó que Capriles carga sobre sus hombros una inhabilitación política de 15 años, desde el 06 de abril de 2017 cuando era gobernador de Miranda por, supuestamente, haber incurrido en irregularidades administrativas y daño al patrimonio público.
“No sé qué va a pasar ahí ¿Qué creen ellos que va a ocurrir? No sé por qué lo designaron si está inhabilitado. Deberían estar preparados para alguna eventualidad. A menos que ellos ya sepan que va a perder”, expresó Cabello en su programa Con el Mazo Dando.
En condiciones similares está Juan Guaidó, quien en 2019 el contralor general de la República, Elvis Amoroso, lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
En mayo de 2015 fue inhabilitado políticamente por la Contraloría de Táchira, César Pérez Vivas por siete años por presuntos actos de corrupción cuando ejercía el poder en la gobernación de este estado andino
Periodista. Licenciado en Comunicación Social, Locutor y Productor Nacional Independiente 28.097
