El Poder Legislativo venezolano confirmó su participación activa y acompañamiento en la Gran Consulta Nacional por la Reforma del Sistema Judicial Penal, un proceso de consulta pública que iniciará formalmente el próximo 1 de junio. Esta iniciativa tiene como objetivo lograr una transformación profunda del aparato judicial del país.
Como parte de la visión a mediano plazo de esta consulta, las autoridades parlamentarias han manifestado la intención de trabajar en la creación de nuevos códigos que agrupen y sistematicen el conjunto de leyes que rigen el sistema de justicia venezolana, facilitando así su aplicación.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ratificó el compromiso del Poder Legislativo con este proceso de reestructuración institucional, destacando que el parlamento pondrá a disposición su capacidad legislativa.
«La Asamblea Nacional está a la orden para que en este proceso de reforma de la justicia penal podamos colaborar en lo que es nuestro oficio principal, que es en la elaboración de las leyes que puedan acompañar y colaborar con el Estado en la protección de las ciudadanas y de los ciudadanos», precisó el jefe del parlamento.
Reformas previas y combate al retardo procesal
En este contexto, Rodríguez recordó que la reciente reforma puntual realizada a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comparte el mismo horizonte de esta nueva gran consulta. Esta modificación permitió elevar el número de magistrados de 20 a 32, fortaleciendo especialmente a la Sala Constitucional.
Sobre esta instancia, explicó que «en el caso de nuestro país y nuestra Constitución, es como una especie de tribunal, una suprasala lo llaman algunos abogados porque es una especie de Tribunal Constitucional subsumido en el cuerpo del Tribunal Supremo de Justicia».
Asimismo, el parlamentario detalló que el incremento de 3 a 5 magistrados en el resto de las salas tiene un propósito claro y directo para el beneficio de la población:
Acelerar los procesos: Colaborar decididamente en la disminución y erradicación del retardo procesal.
Mayor supervisión institucional: Otorgar mayor relevancia, peso y capacidad de acción al trabajo que desempeña la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Escuela de Magistratura.
Con estas acciones conjuntas, el Estado venezolano busca consolidar un sistema judicial más eficiente, transparente y accesible para todos los ciudadanos.
Vía// Globovisión
Web máster Maturín News
Otras informaciones
María Corina Machado: «Yo seré candidata, pero claro que podrá haber otros”
Trump asegura que petróleo venezolano ya cubrió “25 veces” el costo de la guerra
El jefe del Comando Sur visitó Caracas como parte de los ejercicios militares de la Embajada de EE. UU.