21 de noviembre de 2026

Reelección de magistrados actuales genera tensión en el proceso de renovación del TSJ

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acordada en las mesas de diálogo político, enfrenta cuestionamientos luego de que se conociera que al menos 16 de los 20 magistrados que integran actualmente el máximo tribunal se postularon nuevamente para ocupar esos cargos.

La situación generó reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes opositores, quienes exhortaron a la ciudadanía, especialmente a las víctimas de persecución política, a presentar impugnaciones contra los aspirantes señalados por presuntas violaciones de derechos humanos, hechos de corrupción o actuaciones que habrían comprometido la independencia del Poder Judicial.

La lista de más de mil postulados fue divulgada por la Asamblea Nacional este viernes 20 de noviembre, en el marco del proceso de renovación judicial. Entre los nombres que buscan continuar en el máximo tribunal figuran su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez, integrante de la Sala Electoral que convalidó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024, y Tania D’Amelio, quien leyó en enero la sentencia que ordenó la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

También aparecen integrantes de las salas Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Penal y de Casación Social.

La situación ha reavivado el debate sobre el cumplimiento de la Constitución. El artículo 264 establece que los magistrados del TSJ son elegidos para un único período de 12 años, mientras que el artículo 263 contempla los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a integrar el máximo tribunal.

Llaman a las víctimas a presentar impugnaciones

La organización Justicia, Encuentro y Perdón recordó que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a objetar las candidaturas de quienes, por acción u omisión, hayan participado, encubierto o convalidado los abusos denunciados.

La ONG insistió en que la idoneidad ética y el respeto a las garantías constitucionales son condiciones fundamentales para ejercer funciones judiciales.

De acuerdo con el cronograma divulgado, el período para consignar las impugnaciones comenzó este sábado 21 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre. Los recursos deben presentarse por escrito, de manera personal y acompañados de pruebas, en la sede del Museo Bolivariano de la Asamblea Nacional, en Caracas, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Cuestionamientos a candidaturas vinculadas con casos políticos

Entre los nombres que generaron señalamientos figura Katherine Nayarith Haringhton Padrón, jueza y exfiscal que fue designada magistrada suplente en 2022 y presidió el Circuito Judicial Penal de Caracas en 2023.

Rodrigo Diamanti, director de la organización Un Mundo Sin Mordaza, pidió impugnar su postulación y la señaló por actuaciones contra dirigentes opositores y organizaciones de la sociedad civil. En un mensaje audiovisual, afirmó que Haringhton «ha sido durante años el brazo ejecutor de la fiscalía para perseguir a la disidencia».

Diamanti también advirtió que su eventual designación «puede ser completamente nocivo y retrasar el proceso de democratización de Venezuela».

El activista recordó que en mayo de 2014 Haringhton ordenó el allanamiento de la sede de su organización y su detención. Asimismo, mencionó los procesos penales contra figuras como María Corina Machado, Gustavo Tarre Briceño y Rodolfo González, conocido como «El Aviador», quien murió bajo custodia estatal en marzo de 2015, luego de permanecer recluido en El Helicoide.

Haringhton está sancionada por Estados Unidos desde 2015 y por la Unión Europea desde junio de 2018.

Otra candidatura bajo cuestionamiento es la de Rebeca Henríquez, esposa del juez segundo con competencia en terrorismo, Carlos Enrique Liendo. Organizaciones de derechos humanos han señalado presuntas vulneraciones al debido proceso en actuaciones atribuidas al magistrado contra disidentes políticos, así como denuncias sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y supuestas irregularidades relacionadas con un despacho jurídico de su entorno familiar.

Dirigentes opositores rechazan la continuidad de magistrados

Las reacciones también llegaron desde sectores políticos. La dirigente opositora Delsa Solórzano sostuvo que quienes no cumplan con los requisitos constitucionales, hayan ejercido previamente como magistrados titulares o hayan contribuido al sometimiento partidista de los tribunales no deberían integrar el nuevo TSJ.

Venezuela necesita recuperar la independencia del Poder Judicial. Quienes han contribuido a su secuestro institucional no pueden ser los responsables de su restitución», expresó.

Por su parte, Henrique Capriles calificó de «acto de cinismo» la intención de magistrados actuales y jueces cuestionados de mantenerse en sus funciones. A su juicio, el país necesita una renovación que permita revisar el funcionamiento del sistema de administración de justicia.

El proceso de selección continuará en diciembre

Mientras avanzan las objeciones, el Comité de Postulaciones Judiciales iniciará el lunes 23 de noviembre la revisión de las credenciales de los aspirantes, según explicó previamente el diputado Luis Florido a la agencia EFE.

La instancia está integrada por 11 parlamentarios y 12 representantes de la sociedad civil. La evaluación se realizará mediante un baremo aprobado por unanimidad y tomará en cuenta aspectos como estudios de posgrado, publicaciones arbitradas, experiencia docente y trayectoria social.

Después de una primera revisión documental, estimada entre dos y tres días, comenzará la fase de entrevistas personales, en la que los aspirantes podrán obtener hasta 15 puntos adicionales.

El cronograma parlamentario contempla que la designación de los nuevos magistrados sea presentada ante la plenaria de la Asamblea Nacional el próximo 11 de diciembre, en medio de las exigencias de organizaciones civiles y dirigentes políticos para que la renovación garantice independencia, transparencia e imparcialidad judicial.

Vía// Versión Final