Bárbara Gabriela César Siero, exmagistrada principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, denunció durante la noche del martes 6 de octubre que sus familiares cercanos fueron detenidos como medida de coacción para que firmara la inhabilitación de María Corina Machado y otros líderes políticos.
Bárbara Gabriela César Siero, exmagistrada principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, denunció durante la noche del martes 6 de octubre que sus familiares cercanos fueron detenidos como medida de coacción para que firmara la inhabilitación de María Corina Machado y otros líderes políticos.
En una carta abierta y un video publicado en sus redes sociales, la abogada explicó parte de los hechos que vivió como magistrada principal, cargo que le fue otorgado el 28 de diciembre de 2014 y ratificado el 27 de abril de 2022.
Revisión de inhabilitaciones
El 22 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones primarias en Venezuela, días después de que se firmara el Acuerdo de Barbados como resultado de un proceso de diálogo entre gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). El 30 octubre de ese mismo año la Sala Electoral del TSJ suspendió los efectos de los comicios.
“El 30 de noviembre de 2023 fue aprobado el Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación, el cual involucró a la Sala Político Administrativa del TSJ, en la que me desempeñaba como magistrada principal y vicepresidente, lo que me dio la competencia para conocer de las demandas de los aspirantes a las elecciones en Venezuela’’, dijo.
Relató que desde el 1° al 15 de diciembre de 2023 diversos políticos de oposición interpusieron sus demandas ante dicha sala, entre ellos Leocenis Manuel García Osorio, Vicencio Scarano, Rosa Brandonisio de Scarano, Daniel Omar Ceballos Morales, Richard Miguel Mardo Mardo, Henrique Capriles Radonski, Pablo Pérez Álvarez y María Corina Machado Parisca.
‘‘El viernes 15 de diciembre de 2023 vencido el lapso de interposición de demandas previsto en el Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación del Acuerdo de Barbados, la ciudadana María Corina Machado, representada por su abogado Perkins Rocha, fue la última en interponer su demanda”, acotó en su escrito.
Detención a sus familiares
La magistrada afirmó que sus dos hermanos, el teniente coronel (ej) Guillermo Enrique César Siero, el mayor (ej) Guillermo Henry César Siero y su cuñada la mayor (ej) Diana Desiree Victora Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Aseguró que desde ese momento no supo dónde se encontraban detenidos y no tuvo comunicación con ellos.
‘‘A partir de ahí mis 3 familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, denunció César Siero.
La magistrada explicó que el 16 de diciembre de 2023 se comunicó telefónicamente con la presidenta del TSJ, Gladys María Gutiérrez Alvarado, y con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, para denunciar lo que ocurría.
Relató que el 18 de diciembre de 2023, Bárbara César Siero acudió junto a sus padres al Ministerio de la Defensa para preguntarle al ministro sobre sus familiares, quien respondió que desconocía el lugar dónde se encontraban detenidos e informó que el caso no sería de conocimiento público hasta enero de 2024.
Contó que el 19 de diciembre de ese año, la Sala Político-administrativa dio a conocer oficialmente una decisión del juez sobre la admisibilidad de la demanda y sobre la solicitud de amparo cautelar de María Corina Machado.
La magistrada manifestó que el presidente y la secretaria consideraron unilateralmente requerir a la Contraloría General de la República la remisión del expediente administrativo, haciendo especial énfasis en la copia certificada en los actos administrativos, mediante los cuales se impuso la sanción de inhabilitación política a la ciudadana María Corina Machado.
Bárbara César Siero afirmó que, en consecuencia, ambos funcionarios acordaron notificar a la Contraloría sin tomarla en cuenta a ella y al otro magistrado, quienes integraban la Sala. En ese sentido, dieron tres días continuos, contados a partir de la publicación de dicho documento para que consignara la información solicitada.
Relató que el 21 de diciembre la Contraloría General de la República envió a la Sala Político Administrativa la documentación requerida sobre la inhabilitación de María Corina Machado.
“El día viernes 22 de diciembre de 2023 habiendo pasado una semana de la detención arbitraria de mis tres familiares, de manera inusual se presentó en las afueras de mi despacho la abogada asistente del presidente de la Sala Político Administrativa, que a la vez es su hija, con la finalidad que me entregaran las decisiones para que las firmara, sin seguir los procedimientos regulares’’, acotó.
La magistrada aseguró que sus asistentes las recibieron y se las entregaron, la abogada asistente no se retiró, se quedó esperando hasta que las firmara.
‘‘Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, recordó.
Pese a colaborar, con las presiones en su contra, la magistrada relató que el 22 de enero de 2024, después de haber pasado 38 días de las detenciones arbitrarias de sus tres familiares, Saab los involucró públicamente en la “Operación Brazalete Blanco” dada a conocer en una rueda de prensa.
César Siero insistió en su carta que “esos hechos no ocurrieron, ni esos delitos, no hubo fallecidos, ni heridos, ni disturbios, ni robos de armas en cuarteles militares, policiales, ni civiles, ni rebelión, pero miembros de mi familia sí fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, incomunicados, torturados y tratados cruel e inhumanamente”.
La magistrada aseguró que se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarla, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y ‘‘enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de las FANB’’.
Además, afirmó que durante la noche, la nueva presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, le exigió la renuncia, a la cual la magistrada se opuso alegando que ‘‘de existir alguna razón, me destituyeran”.
“Después de varias horas y ante la presión de ambos magistrados, me vi obligada a subir a mi despacho en la que se encontraban mi abogada adjunta y otros abogados adscritos al mismo, con la finalidad de redactar una carta donde me separaba temporalmente del cargo, para no entorpecer la investigación inherente a mis hermanos, los cuales continuaban desaparecidos’’, detalló.
Bárbara César Siero destacó que tras redactar la carta, bajó a entregarla, Rodríguez al recibirla, la leyó y le exigió a la magistrada que no mencionara a los hermanos, ‘‘que solo renunciara’’, por ende, subió nuevamente a su despacho para modificarla y finalmente entregó la renuncia en contra de su voluntad solicitando que tramitara su jubilación.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), las funciones de un presidente del TSJ no establecen la exigencia de renuncia a ningún magistrado, por lo que podría interpretarse como abuso de poder y extralimitación.
Los magistrados gozan de inamovilidad e independencia en el ejercicio de sus funciones. La renuncia es un acto Intuito Personae, es decir, un acto volitivo, y es definida por el derecho administrativo y constitucional como un acto estrictamente personal, voluntario y libre de coacción.
Juicio y condena a los familiares
La magistrada relató que tras haber transcurrido 40 días desde las detenciones, sus hermanos y su cuñada fueron presentados a media noche ante un Tribunal de Control competente en materia de Terrorismo, sin derecho a comunicarse con su familia ni poder nombrar abogados de confianza. Afirmó que el juez violó el debido proceso al imponerles defensores públicos.
‘‘Fueron imputados por delitos de traición a la patria, conspiración política, terrorismo, asociación para delinquir y homicidio intencional calificado en grado de tentativa en contra del presidente de la República (Nicolás Maduro) y el gobernador del estado Táchira (Freddy Bernal)”, dijo.
Bárbara César Siero resaltó que más de dos años después, el jueves 1° de octubre de 2026, la juez del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas, condenó a su hermano Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por el delito de conspiración política.
Así como a su hermano Guillermo Henry César Siero lo condenó a 3 años por el delito de encubrimiento y al igual que su cuñada Diana Desiree Victora Justo a 3 años por el mismo delito, ‘‘resultando absueltos de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de tentativa en contra del presidente de la República y gobernador del estado Táchira”, detalló.
La magistrada explicó que, culminado el juicio, decidió hacer del conocimiento público los hechos. Agregó que su testimonio “demuestra de forma contundente cómo el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles e inhumanos contra mis hermanos y mi cuñada como una ruin herramienta de coacción y de chantaje político”.
Además, calificó a la “Operación Brazalete Blanco” como “un libreto fabricado” para perjudicar a su familia, obligarla a renunciar y “enviar un mensaje de terror al estamento militar y judicial”.
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Periodista. Licenciado en Comunicación Social, CNP: 27.132 /SNTP: 8.493 | Locutor y Productor Nacional Independiente 28.097. Corresponsal de Globovisión y Unión Radio en Monagas.
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