El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) alertó sobre graves violaciones constitucionales y de derechos humanos en el país, tras denunciar que la administración encabezada por Delcy Rodríguez permitió el sobrevuelo e incursión de tropas extranjeras en territorio venezolano, lo que calificó como una “flagrante cesión de soberanía”.
La organización señaló que esta acción constituye un desacato al artículo 187, numeral 11, de la Constitución, que establece la competencia exclusiva de la Asamblea Nacional para autorizar el ingreso de misiones militares extranjeras.
En paralelo, PROVEA destacó que la semana cerró con decenas de protestas ciudadanas por fallas en los servicios públicos y reclamos por salarios y pensiones dignas.
Estas manifestaciones fueron respondidas con piquetes policiales, lo que dijo vulnera el derecho a la reunión pacífica consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna.
En su más reciente informe, la ONG advirtió que el actual “momento político” podría derivar en una tecnocracia autoritaria, divorciada de los derechos ciudadanos y orientada a satisfacer intereses de capitales extranjeros.
Tras los sucesos del 3 de enero, que calificaron como una grave violación del derecho internacional, PROVEA aseguró que la prioridad del gobierno ha sido atender las demandas del tutelaje transnacional, relegando las exigencias internas de democracia, justicia y calidad de vida.
La organización subrayó que mientras la Asamblea Nacional aprobó rápidamente la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de la Ley Orgánica de Minas, temas como la liberación de presos políticos, el salario mínimo y la seguridad social permanecen relegados en la agenda oficial.
PROVEA denunció que el andamiaje jurídico represivo sigue intacto, permitiendo la actuación abusiva de cuerpos de seguridad bajo un sistema de justicia cooptado, lo que reproduce un modelo de impunidad y ausencia de rendición de cuentas.
La ONG expresó su preocupación por que las actuales circunstancias deriven en una “estabilidad autoritaria”, orientada a ceder soberanía territorial y desconocer la soberanía popular, mientras se busca legitimidad mediante acuerdos con élites económicas y actores internacionales.
En su pronunciamiento, PROVEA reiteró que ningún proceso de liberalización económica puede ser legítimo sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia.
Asimismo, advirtió que una democracia liberal no puede sostenerse si el modelo económico se impone por encima de los derechos de la población.
Vía// Alertas24
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