La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este viernes que desde 2014 se ha registrado un patrón sostenido de muertes de presos políticos bajo custodia del Estado venezolano, al que describe como una “ejecución silenciosa”.
Según la organización, con la caída de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra total asciende a 27 personas fallecidas mientras permanecían detenidas por razones políticas.
La organización sostiene que estos casos no serían hechos aislados, sino parte de un “esquema de violaciones sistemáticas” de derechos humanos en centros de reclusión, que incluiría “tortura, negación de atención médica y omisiones de carácter humanitario”.
En su informe, advierte que toda muerte bajo custodia estatal debe ser investigada como potencial responsabilidad del Estado bajo estándares internacionales.
En el caso específico de Víctor Hugo Quero Navas, la JEP denunció “graves irregularidades” como presunta desaparición prolongada, contradicciones en la información oficial sobre su paradero, inconsistencias en la fecha de su fallecimiento, inhumación sin familiares presentes y decisiones judiciales posteriores a su muerte.
La ONG calificó estos hechos como una “grave vulneración del derecho a la verdad ya la justicia”.
Asimismo, la organización exigió la aplicación del Protocolo de Minnesota para la investigación independiente de muertes bajo custodia, incluyendo peritajes forenses externos y determinación de responsabilidades de funcionarios por acción u omisión.
Listado de personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano citado por la ONG:
Rodolfo Pedro González (03/12/2015, El Helicoide)
Carlos Andrés García (17/09/2017, El Helicoide)
Rafael Arreaza (30/11/2017, Ramo Verde)
Fernando Albán (10/08/2018, Sebin)
Modesto Díaz (11/04/2018, Sebin)
Nelson Martínez (12/12/2018, Dgcim)
Virgilio Jiménez Urbina (02/05/2019, Uribana – Lara)
Ángel Javier Sequera Romero (03/09/2019, CICPC – Bolívar)
Elwin Mendoza (24/03/2019, GNB Zulia)
Rafael Acosta Arévalo (19/06/2019, DGCIM)
Wilfredo José Heredia Rodríguez (02/09/2020, Dgcim)
Luis Armando Monsalve Estaba (31/05/2020, Dgcim)
Pedro Pablo Santana (14/08/2020, arresto domiciliario)
Salvador Franco (03/01/2021, Rodeo II)
Gabriel Andrés Medina Díaz (29/08/2021, La Pica – Monagas)
Raúl Isaías Baduel (10/12/2021, El Helicoide)
Armando Flores Piñango (23/08/2022, Ramo Verde)
Nelson Adán Girón Girón Giménez (31/10/2024, Hospital Pablo Acosta Ortiz)
Asdrúbal Santana (11/08/2024, traslado hospitalario)
Jesús Manuel Martínez Medina (14/11/2024, Hospital Luis Razetti – Anzoátegui)
Jesús Rafael Álvarez (12/12/2024, Tocuyito – Carabobo)
Oswal Alexander González Pérez (16/12/2024, Tocuyito – Carabobo)
Reinaldo Araujo (24/02/2025, Policía de Trujillo)
Lindomar Jesús Amaro Bustamante (05/03/2025, Tocorón – Aragua)
Alfredo Javier Díaz Figueroa (12/06/2025, El Helicoide)
Edison José Torres Fernández (01/10/2026, Zona 7 – Caracas)
Víctor Hugo Quero Navas
La ONG concluyó que estos casos representan un patrón de “desprotección sistemática bajo custodia estatal” y advirtió que la exigencia de justicia de las familias continúa centrada en el establecimiento de responsabilidades y en la garantía de no repetición.
Vía// Versión Final
Web máster Maturín News
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